.jpg)
Aproindo
la cobró para realizar la instalación, cuando el pliego detallaba que la
edificación estaba incluida en el canon. La actual secretaria del PSOE local,
Rocío Espinosa, era primera teniente de alcalde y diputada de Medio Ambiente.
En solo una semana, se sucedieron el “oportuno” informe de un técnico, la llegada
de la subvención, la aprobación en Junta local de Gobierno –con el informe
contrario del interventor- y la firma del contrato. El Ayuntamiento (PP) ha
solicitado hace tres meses el expediente a la Diputación, sin recibir aún
respuesta
Una nueva irregularidad
ha quedado de manifiesto con relación a la concesión de la Planta de Reciclaje
de Escombros de Almonte formalizada por el Ayuntamiento en 2003 a
Aprovechamientos Industriales Doñana S.L. (Aproindo). Según un informe jurídico
solicitado por el actual equipo de gobierno (PP) a propósito de una subvención
por valor de 260.606 euros concedida por la Diputación Provincial al
Consistorio, el PSOE la derivó a la empresa para construir la instalación,
cuando en el pliego se especificaba que el contratista debía encargarse de la
misma, ya que estaba incluida en el canon.
Este “pago doble”
salpica especialmente a la actual secretaria general de los socialistas
almonteños, Rocío Espinosa, ya que en aquel momento era la primera teniente de
alcalde en el Consistorio y diputada provincial de Medio Ambiente. Por lo
tanto, responsable de conceder las ayudas. Para agravar aún más las cosas, la
Planta estaba en funcionamiento pese a que la descatalogación de los terrenos
no se produjo hasta 2008, por lo que esta subvención europea –perteneciente al
Programa Operativo Local 2005/2006- se destinó irregularmente, algo que no
podía desconocer quien compartía una doble función institucional.
El “doble abono” de los
costes de construcción choca especialmente si recordamos que la escritura se
modificó en el primer mes de concesión y el contratista pidió hasta tres veces
una mejora de las condiciones, lo que supuso que de 240.000 euros en quince
años pasara a embolsarse 16,2 millones de euros en 30 años. Justificó la
primera modificación precisamente en que se le habían “disparado” los costes de
la planta: de 600.000 a casi 2 millones de euros. Como quiera que se atendieron
sus pretensiones multiplicando por dos el tiempo de la concesión, la subvención
carecería de sentido.
El Ayuntamiento de
Almonte ha solicitado hace tres meses a la Diputación Provincial el expediente
de la subvención, sin que se haya atendido aún esta petición. Hay que recordar
que cuando se creó el pliego de concesión del servicio en 2003, se especificaba
que el adjudicatario quedaba obligado “a tener en pleno funcionamiento los
servicios de eliminación de escombros y restos de obras para su reciclado, en
el plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha del contrato”, algo que
tuvo lugar el 1 de agosto. Concretamente, debía edificar “una nave de 400
metros cuadrados y una caseta de control de entrada”.
Más
“anomalías”
Según la documentación
existente en el Ayuntamiento, el 3 de septiembre de 2004 el técnico de Medio
Ambiente J. J. V. P. emitió un informe en el que se determinaba la “urgente
necesidad” de la construcción de la planta, cuando ya habían pasado 13 meses
desde la firma del contrato y era obligatoria su puesta en funcionamiento a los
6 meses. Es interesante remarcar que la emisión de este documento abría la
posibilidad de saltarse un posible concurso o subasta, pudiendo adjudicarse directamente
a una empresa.
Curiosamente, tres días
después –el 6- llegó la aprobación de una subvención de la Diputación Provincial
con destino a la Planta de Reciclaje por importe de 260.606 euros, que debía
ser gestionada por el Ayuntamiento. Un documento de enero de 2004 prueba el
conocimiento que existía de la llegada de aquella subvención.
A partir de aquí, el “baile”
de fechas es digno de resaltar. El 8 de septiembre –dos días después- el
concejal de Medio Ambiente Antonio García Rebollo -después gerente de la Fundación
Doñana 21-, propuso la adjudicación directa a Aproindo por el importe de la
subvención. Aunque no es hasta el día siguiente cuando la propia empresa solicitó
por escrito al Ayuntamiento que, “conociendo la urgencia de la construcción, se
ofrecía a hacerla” por el importe de la subvención.
Ese mismo día, 9 de
septiembre, la Junta Local de Gobierno presidida por Francisco Bella aprobó el
pliego y gasto de la obra para la Planta de Reciclado -que debía estar
terminada desde el 1 de marzo de 2003-. El punto se incluyó por urgencia, con
lo cual no constaba en el orden del día y podía escapar del control de la
oposición. El acuerdo se formalizó pese al informe contrario del Interventor,
quien consideró que no se daban las circunstancias que justificasen “una
imperiosa urgencia” y que era preciso solicitar un informe del técnico para
“evitar pagar dos veces lo mismo”.
Sin embargo, el 10 de
septiembre se firmó el contrato con un plazo de ejecución de cuatro meses.
Efectivamente, se sucedieron el 10 de enero el acta de final técnico de la obra
y la recepción el 17, aunque sin firmar por el técnico municipal, lo que ofrece
dudas sobre si se terminó realmente. Aproindo emitió cuatro facturas, siendo la
última en marzo de 2005. Un año después, un técnico de Diputación solicitaba
aún la documentación sobre el gasto de la subvención. Por lo tanto, no estaba
justificada en esa fecha ni consta si se hizo finalmente.
Almonte. Viernes, 14 de
febrero de 2014.
No hay comentarios:
Publicar un comentario