Planta de Reciclaje de
Almonte
Pese
a las diferentes anomalías encontradas en la concesión, el pleno de febrero
rechazó -con los votos del PSOE y el tránsfuga Mondaca- el inicio del
expediente para anular el contrato. Se posicionaron a favor PP e IU. De la votación se ausentaron el concejal socialista
Manuel Cepeda, y la edil de Izquierda Unida, María Isabel Bejerano
Los servicios jurídicos
han detectado una nueva irregularidad en
la gestión de la Planta de Reciclaje de Escombros de Almonte a cargo de la
empresa Aprovechamientos Industriales Doñana S.L. (Aproindo), mediante
concesión del Ayuntamiento en 2003 regido por el socialista Francisco Bella. La
descatalogación de los terrenos donde se ubica no tuvo lugar hasta el 9 de
enero de 2008, mientras se ejercía la actividad en terrenos de dominio público
de uso forestal, por lo que hasta esa fecha era ilegal tanto la propia construcción como su puesta en servicio.
Sin embargo, el contratista cobró irregularmente y con el visto bueno del
equipo de gobierno del PSOE 1,5 millones
de euros por aprovechamientos que constituían infracciones a la Ley Forestal de
Andalucía.
El proceso de
descatalogación se encuentra plagado de improvisaciones y faltas de profesionalidad
en la tramitación del informe –hasta cuatro rectificaciones y archivo final, para
reiniciarlo nuevamente-, olvidos de documentación, y errores materiales. A este
peculiar trámite, se suma un proceso de contratación que permitió dar entrada a
un contratista al que posteriormente se le modificó el contrato al alza hasta
en cuatro ocasiones y por petición del particular, para percibir de 240.000 euros en 15 años a 16,2 en tres décadas. Además, el Ayuntamiento le permitió no realizar la
práctica totalidad de las mejoras que incluyó en su oferta.
El expediente de
descatalogación se inició en noviembre de 2003, por parte del ingeniero técnico
forestal, P. J. B. G., referido a dos parcelas. El día 24, la Junta de Gobierno
Local –por vía de urgencia- dio curso al trámite mientras la concesionaria
Aproindo ya se encontraba haciendo sondeos en dichas fincas, sin que conste la
autorización municipal y pese a la reclamación del departamento de Minas. Un
mes después, la Concejalía de Medio Ambiente solicitó a la Delegación el
vallado de la parcela durante la tramitación de expediente. Según el informe
jurídico, no consta la autorización, aunque este se llevó a cabo.
El dato resulta muy
relevante, ya que Aproindo preguntó el
23 de diciembre al Consistorio si podía empezar a facturar una vez estuviese
vallado el recinto, es decir, sin concluir las instalaciones. Curiosamente,
el Ayuntamiento respondió
afirmativamente el mismo día.
Ya el 4 de febrero de
2004, el mismo técnico dirigió un escrito a la Delegación indicando que en su
informe inicial había incluido dos errores en la localización de las parcelas.
Con ello, quedaba invalidada la descatalogación, ya que una de las fincas no
contaba con informe. Sin embargo, la Junta de Gobierno Local de 20 de mayo hizo
una segregación de finca sin que el expediente estuviese concluido, con lo que
Aproindo ya podía hipotecar la concesión.
Cabe aclarar que dicha segregación era de 60.400
metros cuadrados, más del doble de lo contemplado inicialmente en la licitación
-29.100- y tras solicitud de 10 de
septiembre de 2003 del contratista, atendida y aprobada en Junta de Gobierno el
3 de octubre. Ya en julio de 2004, el concejal de Medio Ambiente Antonio
García Rebollo-posteriormente gerente de la Fundación Doñana 21-, presentó un
nuevo escrito en la Delegación para que se incluyese una nueva finca, a causa
de un error en el expediente. De dicha finca no consta ni su cabida ni el informe
forestal. El BOJA de 29 de octubre publicó la solicitud de descatalogación.
Mientras, el 16 de
septiembre se declaró viable el proyecto de la Estación de Reciclaje de Escombros,
especificando que “había que delimitar las parcelas propuestas y un nuevo
informe si se excedía de dicho emplazamiento”. El 9 de diciembre, la Delegación
Provincial solicitó al Ayuntamiento aclaraciones sobre el expediente de
descatalogación, “por las discrepancias entre las parcelas propuestas y las
cabidas”. El 17 de febrero de 2005, por
Junta de Gobierno Local, se rectificó el acuerdo de 2003 y se solicitó la
descatalogación de las nuevas fincas. Toda esta documentación se remitió a la
Delegación el 8 de marzo de 2005.
Sin embargo, el 16 de
septiembre la institución provincial volvió a poner obstáculos a la
descatalogación, solicitando “la delimitación correcta y la calificación
urbanística de las parcelas”. Insistió en este requerimiento en noviembre de
2005 y marzo de 2006. El 26 de octubre -puesto que el Ayuntamiento comunicó que
no se iba a hacer la planta incineradora de animales-, la Delegación decidió
que el expediente debía hacerse desde el principio. En el escrito, parece desconocer que la planta ya estaba
en funcionamiento, ya que se refiere a las actividades “que se harán”.
El 15 de diciembre, la
Junta de Gobierno Local rectificó por cuarta vez y acordó “reiniciar el
expediente”. Es curioso que su objeto sea “para
la construcción de una Planta de Reciclaje”, cuando ya se había construido y
recepcionado el 17 de enero de 2005. La Junta de Andalucía siguió
presentando objeciones en la tramitación el 27 de septiembre de 2006. Pese a
ello, el 30 de marzo del año siguiente aún no se había mandado la documentación
urbanística ni la cartografía. Sin embargo,
dos días antes, se había aprobado el nuevo PGOU de Almonte.
Por fin, se aprobó la descatalogación el 9 de enero
de 2008, con error en la fecha y para solo 6,2 hectáreas. En otro
despropósito más, la Junta también tuvo que rectificar para mandar el plano
correcto del expediente el 25 de abril de aquel año.
La Ley Forestal de
Andalucía y su reglamento, de aplicación en los montes públicos, es clara
cuando afirma que “no es posible la instalación de un vertedero de basuras,
escombros, restos de obra ni plástico agrícola”. Para instalar un vertedero de
escombros, resultaba necesario descatalogar previamente la parcela, con el fin
de autorizarlo y hacer la concesión
administrativa sobre los terrenos para destinarlos a tal fin. La información recabada
ahora parte del expediente de descatalogación presente en el Ayuntamiento.
Nulidad
rechazada
El pleno de febrero rechazó
-con los votos de PSOE y el tránsfuga Alberto Mondaca- el inicio del expediente
de revisión de oficio de nulidad de tres acuerdos aprobados en Comisión de Gobierno
entre 2003 y 2007, relacionados con la empresa Aproindo y el contrato de
eliminación de escombros y restos de obras. En la sesión, el alcalde José Antonio
Domínguez Iglesias (PP) comentó que un
segundo informe jurídico “avala la nulidad”. Partido Popular e IU votaron a favor. Hay que destacar que, del debate y posterior votación, se
ausentaron el concejal socialista Manuel Cepeda y la edil de Izquierda Unida, María
Isabel Bejerano.
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