Son
el ex alcalde, Francisco Bella, los concejales en ejercicio María Azucena León
y José Villa –también diputado provincial-, la actual secretaria general del
PSOE local y ex directora de la RENPA, Rocío Espinosa, dos ex concejalas, dos
vendedores y dos empleados públicos
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de La Palma del Condado ha dictado un auto en el que cita en calidad
de imputados a un total de diez personas, en relación con un presunto delito de
prevaricación y malversación de fondos públicos por el caso denominado “Dehesa
Santa María”, consistente en la compra de cuatro parcelas en la legislatura
2003-2007.
Figuran en el auto la actual secretaria general del PSOE,
Rocío Espinosa, actuales ediles del grupo municipal, como es el caso del ex
alcalde de Almonte, Francisco Bella, el también diputado José Villa y María
Azucena León, quien es también miembro de la ejecutiva local. En estos tres
últimos casos, se encuentran acusados igualmente por la compraventa del campo
de golf.
Completan
la lista de citados otras dos ex concejalas del equipo entonces gobernante,
M.B. J. R. y R. M. N. R., dos de los vendedores, el arquitecto técnico
municipal que realizó la primera tasación de los terrenos y un funcionario del
Ayuntamiento.
Los imputados con responsabilidad política deberán
comparecer ante el juez el día 7, a excepción de Espinosa que deberá hacerlo el
11 junto al resto de llamados. Esta causa se suma a otros procesos judiciales
abiertos, como el caso “Campo de Golf” por el que trece concejales del gobierno
socialista saliente en 2011 han sido ya formalmente acusados por el juez por un
delito de prevaricación y otro de fraude en la contratación.
De esta forma, ha resultado imputada la que también fuera
durante los años 2007 y 2011 directora general de Sostenibilidad de la Red de
Espacios Naturales de Andalucía (RENPA), órgano adscrito a la Consejería de
Medio Ambiente. El pasado lunes, el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez
Iglesias (PP) ratificó en el Juzgado de La Palma del Condado la denuncia que
presentó en nombre del Ayuntamiento.
Detalles
del caso
En 2006, el equipo de gobierno socialista adquirió cuatro
fincas con una superficie total de 153 hectáreas por las que el Consistorio
pagó 4,3 millones de euros. Según el actual equipo de gobierno popular, un
precio muy superior al valor real de los terrenos. Por ello, y en la intención
de conocer el estado real de las cuentas públicas, encargó un informe al perito
agrícola municipal.
En su dictamen, el técnico comparó otras referencias
catastrales de aquel año y dictaminó que el valor de las parcelas no superaba
los 1,7 millones de euros. Como resultado, el Ayuntamiento reclama en la
denuncia presentada daños y perjuicios por un importe de 2,6 millones de euros,
más los intereses devengados. El equipo popular también ve “indicios de
ilegalidad” en la forma en la que se gestó la operación.
Según detalló en su día el portavoz popular José Joaquín
de la Torre, el expediente administrativo de la compraventa “se habría
realizado con posterioridad al acuerdo entre las partes”. Por otro lado y según
la normativa, los bienes de las entidades locales de Andalucía establecen el
concurso como la forma habitual de contratación, algo que de ningún modo
ocurrió en este caso.
Prensalmonte. Sábado,
05 de octubre de 2013.
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