Tras el
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, cuya resolución es vinculante.
Fue adjudicado en mayo de 2011 por el anterior equipo de gobierno socialista a
Iddiam Sistemas S.L. La empresa no tenía objeto social ni el Ayuntamiento
disponía de partida presupuestaria
El pleno de enero de este viernes en el Ayuntamiento
de Almonte contará entre sus puntos con la propuesta de declaración de nulidad
conforme al expediente de revisión de oficio relacionado con el contrato de
servicios de colaboración para la gestión de los expedientes sancionadores por
infracción de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad
vial, adjudicado a Iddiam Sistemas S.L.,
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2011. Se trata
de una de las últimas decisiones de calado el anterior equipo de gobierno
socialista.
El pasado 18 de diciembre, el Consejo Consultivo de
Andalucía elaboró el dictamen 841/2013 en este sentido, por lo que el
Ayuntamiento actual (PP) instará a aprobar la declaración de nulidad del
contrato, en cumplimiento de las directrices de dicha institución, al ser
vinculante su resolución para los poderes públicos. Entonces, dictaminó
favorablemente sobre el expediente incoado por el Ayuntamiento y para la
revisión de oficio de este contrato.
En la sesión, el equipo de gobierno popular presentará
para su debate y apoyo final, diferentes propuestas: entre otras, declarar la
nulidad del contrato de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, delegar
en el alcalde para el ejercicio de acciones judiciales, administrativas y en
defensa de la Corporación, la redacción de los informes pertinentes para
analizar los efectos de la declaración de nulidad y la posible existencia de
responsabilidad contable por alcance, así como comunicar al Consejo la
resolución.
Recorrido
difícil
El pleno celebrado el pasado mes de octubre -gracias a
los votos de PP e IU-, aprobó iniciar la revisión del contrato de las multas
con Iddiam, que ahora llega a su punto culminante. Esta decisión afirmativa llegó gracias a otro
dictamen del Consejo Consultivo que puso en evidencia que la empresa
adjudicataria no tenía objeto social para desempeñar esta labor, ni el
Ayuntamiento disponía de partida presupuestaria para ejecutar el contrato, por
lo que el acuerdo resultaría nulo de pleno derecho. Puesto que la decisión era
vinculante, el PSOE se vio obligado a la abstención, rompiendo la estrategia
desarrollada a lo largo de toda la legislatura consistente en rechazar por
sistema esta propuesta de revisión, amparándose en la mayoría que le otorgaban
sus votos más el del tránsfuga Alberto Mondaca.
El portavoz del Partido Popular, José Joaquín de la
Torre, ya denunció entonces las condiciones de un acuerdo por el que “de cada
100 euros, la empresa percibiría 76 y el Ayuntamiento 24. También preguntó a
los concejales socialistas acerca del interés permanente por bloquear la
resolución de un contrato “por el que Iddiam ha percibido 300.000 euros anuales
hasta sumar un millón en la actualidad”.
Finalmente, recordó como en la pasada legislatura les fueron concedidas
una decena de concesiones y hasta despacho propio en el edificio del
Ayuntamiento, siendo una entidad privada”.
En esta línea, el actual Ayuntamiento está estudiando
el resto de adjudicaciones por si pudiesen incurrir en las mismas
irregularidades y fuesen por tanto, nulos. “En todos los casos, la empresa
tendría que devolver los beneficios derivados de las encomiendas, y así volverían a las arcas municipales. Por tanto,
al bien común”, según comentó tras aquel pleno el concejal de Hacienda, José
Carlos Curto del Arco.
Almonte. Jueves, 9 de enero de 2014.
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