Dentro de las XX Jornadas Agrícolas “Villa de
Almonte”, la mesa redonda titulada “Plan especial de ordenación de las zonas de
regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana: perspectiva
municipal futura”, ha servido para que los representantes de los ayuntamientos que
integran la “plataforma del agua” –Almonte, Moguer, Lucena del Puerto Bonares y
Rociana del Condado- renueven su compromiso con el sector. José Antonio
Domínguez Iglesias, alcalde de Almonte (PP), ejerció de moderador. Destacó que
los agricultores y los municipios están “al borde del precipicio con esta
problemática, razón por la que toda la comarca está unida la hora de plantear
nuestras reivindicaciones”.
Ángel Gorostidi, en representación del Ayuntamiento
de Moguer (PSOE) y como presidente de la comunidad de regantes “El Fresno”, aprovechó
para destacar la incorporación de Almonte a dicha entidad: “es una gran noticia
para todos, ya que unos 2.000 agricultores serán una sola voz ante las
administraciones”, comentó.
Ante los agricultores, valoró la noticia de la
inclusión del Plan en el Consejo de Participación de Doñana, que tendrá lugar
el próximo 11 de abril. Un documento que, previsiblemente, dejará fuera de
regulación un 10 por ciento de las hectáreas actualmente en regadío, unas 11.000.
Una medida que consideró injusta, “ya que las administraciones han esperado
diez años para tomar una decisión”.
Con respecto al Plan, valoró un documento “que dará
fuerza jurídica a nuestras explotaciones, aunque el problema seguirá
existiendo, ya que estamos en Doñana. Es preciso que se legalicen pozos, llegue
el agua superficial, y se permita recoger la de lluvia, como ya sucede con éxito
en algunas explotaciones”.
Manuel Mora, alcalde de Lucena del Puerto (IPLUC), criticó
la actitud de la Confederación, “que indica que si no se tiene concedida agua
para riego, que no se riegue, sin más. Los ayuntamientos y los ciudadanos
tenemos que hacernos fuertes para hacer valer nuestros derechos, ya que muchas
hectáreas han sido cultivadas desde hace décadas”. Por su parte, manifestó la
intención particular de “sí acatar, pero no avalar la aprobación del Plan, por
los errores encontrados”.
Con respecto a los pozos ilegales, Mora señaló que
“se van a cerrar, pero es preciso que el agua llegue por otros medios para
evitar una ruina social”. Del mismo modo, “no podemos esperar otros diez años
para que nos concedan el agua a las hectáreas reconocidas a partir de abril”.
Por ello, indicó a los agricultores que “solo nos queda echarnos a la calle al
término de esta campaña. Confederación, Junta y sector tenemos que contribuir
para llevar el agua a las explotaciones”.
Por su parte, Juan Antonio García, alcalde de
Bonares (PSOE) –y también presidente de la Mancomunidad Condado de Huelva-, criticó
a las instituciones competentes “por no tomar las decisiones que había que
haber adoptado hace años”. Por el contrario, “los alcaldes hemos hecho un
ejercicio de responsabilidad, anteponiendo el interés general, el empleo y el
desarrollo local, a partir de los recursos de la zona”.
Hizo autocrítica acerca de los motivos por los que
la situación se ha enquistado. “Ha fallado la ordenación del territorio; en una
responsabilidad compartida por todos, por las instituciones y también por el
sector”. De ahí que el Plan “es el primer paso para resolver este problema, a
la que seguirá la solicitud de legalización del riego”. Recordó que objetivos
de la plataforma son: las obras para el abastecimiento de agua, la publicación
del Plan, la regularización y, consecuentemente, la moratoria en las
diligencias que se han practicado contra los agricultores. “O se consigue, o
llegarán las movilizaciones”, concluyó.
Finalmente, Diego Pichardo, representante del
Ayuntamiento de Rociana del Condado (PSOE), abundó en la unión de los
diferentes representantes públicos presentes, trasladando la seguridad que
aportará el Plan “a un sector vital para la economía y el empleo de la zona”.
Finalmente, el alcalde de Almonte hizo un recorrido
por el que, “de 50.000 hectáreas previstas para cultivo en los años 80, se ha
pasado a 30.000 con el dictamen de la Comisión de expertos en 1992, y
posteriormente a 15.000. Con el Plan, solo se legalizan 9.800 de las 11.000
existentes”, comunicó.
Por otra parte, añadió que “estamos hablando de que
el acuífero 27 dispone de 5.000 hectómetros cúbicos de agua. Para el regadío se
precisan únicamente 54. Es decir, solo el uno por ciento, teniendo en cuenta
que la capacidad de recarga anual está fijada entre los 200 y 400 hectómetros
cúbicos”.
Recordó que el POTAD, aprobado en 2004, dejó para un
Plan Especial la ordenación de los regadíos, mientras que los agricultores
continuaban -como hace más de 20 años- en un limbo legal en cuanto a la
concesión del agua, y expuestos a las actuaciones de la Fiscalía. Del mismo
modo, a los grupos de presión que inciden negativamente en la comercialización
de los productos agrícolas. Por ello, y según Domínguez Iglesias, “ha llegado
el momento de que se normalice la situación en este 2014. Hago un llamamiento a
la unidad y la movilización porque, o lo conseguimos o nos quedamos sin
futuro”.
Almonte. Jueves, 20 de marzo de 2014.
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