Pleno de octubre
El PSOE da la “espantá” para no revisar su gestión, tras conocerse las
conclusiones de la auditoría
Una empresa madrileña ha ratificado una deuda
hasta 2011 de 59,5 millones de euros
El pleno de octubre deparó un nuevo
momento de tensión, resuelto por los concejales socialistas con su marcha de la
sesión, después de que el alcalde José Antonio Domínguez Iglesias (PP) llamara al orden por tercera vez al ex gestor
socialista, Francisco Bella y lo obligara a abandonar la sala. Se discutía la
moción presentada por Izquierda Unida sobre la auditoría solicitada por
unanimidad al inicio de la legislatura. La portavoz socialista, Rocío Espinosa,
comentó que “el documento no había sido facilitado” a su formación, lo que fue
contestado por el popular José Carlos Curto, con un tajante, “no lo tenéis
porque no lo habéis solicitado”. Este, confirmó que “se deben 59.5 millones de
euros, según la empresa madrileña que la ha realizado”.
Por su parte, Daniel Martínez desde IU
sostuvo que esta salida era “un pretexto del PSOE para eludir el debate”. Tras
criticar los retrasos en su ejecución y publicación, destacó la constancia de
que “el 100% de los expedientes consultados contienen irregularidades”. En sus
palabras y según los resultados de la auditoría, “se ha producido un saqueo del
patrimonio municipal, con el único fin de sustentar a una red empresarial y
clientelar que los mantuviera en el poder, lo que a su vez, produjo una falta
de pago en los servicios básicos y los proveedores. En definitiva, un pago
actual de la deuda contraída de 5 millones de euros anuales a las entidades
bancarias”.
A la segunda intervención de Rocío
Espinosa, basada en los edificios realizados durante los 33 años de gobiernos
socialistas en la localidad, el alcalde contestó con la caótica situación
hallada por el PP en 2011, “cuando nos encontramos una depuradora que se caía a
pedazos, los vehículos de la Policía Local sin gasoil y la compañía que nos
amenazaba con cortarnos la luz a causa de los impagos”. Aquí comenzó un “rifirrafe” que ocasionó finalmente la
expulsión de Bella y el respaldo de los ediles de su grupo municipal, que
dejaron vacíos los sillones.
IU calificó la actitud de “vergonzosa
falta de respeto a los vecinos, por no poder aguantar la presión de dar explicaciones”.
Martínez aclaró que, dentro de la deuda, “no debe incluirse la adquisición de
patrimonio municipal, ya que este se compraba la mayor parte de las ocasiones
con subvenciones finalistas procedentes de otras administraciones. En realidad
y como ejemplo de los desmanes, vamos a tener que pagar dos veces un crédito
ICO por actuaciones en Matalascañas que no se hicieron nunca, pero el dinero
desapareció”.
En esta línea, el concejal popular
responsable de Hacienda, José Carlos Curto, señaló que, “sencillamente, se han
ido porque no han podido con el peso de la democracia y la verdad”. Incidió en
la situación de extrema gravedad que sufren las cuentas del Ayuntamiento,
“aliviada gracias a medidas como la recuperación de servicios que estaban
privatizados, gracias a la vía judicial. El PSOE debe saber que Almonte creció
como todos los pueblos de España, gracias a los impuestos que pagaron sus
vecinos, así que es demagógico atribuirse este logro. Lo que no es de recibo es
que la deuda que han generado la tendremos que pagar nosotros y nuestros
hijos”.
El alcalde concluyó el debate recordando
que “en 2011, Almonte era el segundo pueblo de Andalucía con más deuda por
habitante. Ahora estamos por debajo del puesto treinta. Sin embargo, seguimos
en el 272 de las 8.000 localidades españolas. Esa es la herencia que hemos
recibido de los socialistas. Aún así, tras tres años de practicar un ejercicio
de responsabilidad y desde que hemos podido sacar el presupuesto, estamos
poniendo en marcha actividades de promoción del municipio, así como obras muy
demandas por la ciudadanía, como el Pocito y asfaltado de calles”.
No irá al Consultivo
Previamente, se había rechazado por
parte del PSOE y edil no adscrito volver a iniciar el expediente para llevar al
Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía los dos acuerdos de Junta de
Gobierno por los que se adquirieron dos fincas en 2006, bajo gestión
socialista, debido a presuntas irregularidades y sobrecostes. El alcalde, José
Antonio Domínguez Iglesias (PP), inicio el punto indicando la obligatoriedad
para los concejales de seguir la legalidad, y de que se trataba solo de iniciar
el expediente, por lo que la decisión no era vinculante.
Sí indicó que la búsqueda del interés
general llevaba a reiniciar esta vía –ya fue aprobada en pleno en marzo de este
año, pese a lo cual el expediente había caducado antes de llegar a término- ,
puesto que existían indicios razonables de ilegalidad en el procedimiento y el
precio. Señaló que se había producido una recusación contra su persona por
parte de la parte vendedora, “pero no tenía lugar en esta parte del
procedimiento”.
Las argumentaciones del edil no adscrito
y PSOE –el reciente sobreseimiento penal de la causa y la constante revisión de
pasado-, fueron contestadas por el portavoz José Joaquín de la Torre (PP) con
las supuestas irregularidades detectadas en la compraventa. “Si estáis seguros
de la gestión, debéis votar a favor. Aquí se pagaron contra el informe del
interventor 4’3 millones de euros por dos fincas que valían 2,7 millones,
gracias a un expediente que José Villa hizo en una semana. Queremos devolver el
dinero a los almonteños y que no sigan pagando estos abusos”, sostuvo.
Por su parte, Izquierda Unida argumentó
que “cualquier ciudadano votaría a favor de la revisión, para no seguir
soportando económicamente una gestión tan nefasta”. En este sentido, Daniel
Martínez trasladó las conclusiones de la Cámara de Cuentas, organismo
independiente que ya en 2008 detectó diversas irregularidades tales como la
falta de memoria justificativa o el procedimiento ‘a dedo’ mediante el que se
formalizó”. De la Torre concluyó recordando que se ha recurrido la decisión del
juez, “puesto que ha creído la versión de los imputados sin prueba documental
alguna, por lo que la denuncia será vista ahora en la Audiencia Provincial”.
Otros puntos
En el informe de Alcaldía, la concejala
de Urbanismo Fátima Pérez denunció la persecución a la que están sometiendo al
equipo de Gobierno del Partido Popular, y a su persona. Por cuarta vez, el juez
ha desestimado la denuncia por prevaricación interpuesta contra ella por una
particular, “con el apoyo de abogados afines a un partido político”, en una
clara referencia al PSOE.
Del mismo modo, el portavoz y concejal
de Medio Ambiente José Joaquín de la Torre advirtió que “los socialistas en la
Junta de Andalucía nos han remitido un documento por el que se suspende el
programa Biomasa por Empleo”, que ha generado más de 10.000 peonadas en el
municipio. “Sin duda, una mala noticia para desempleados, defensores del medio
ambiente, cazadores, piñeros y ganaderos”. Acusó a los socialistas almonteños
de instigar esta paralización y anunció que, “caso de no obtener respuesta por
parte de la delegada, iremos donde haga falta”.
En los dictámenes, no salió adelante
–por contar solo con los votos populares- la propuesta para desafectar una
parcela ubicada en el Polígono Industrial con el objetivo de cederla a la
comunidad islámica de la localidad, que pretende poner en marcha un centro
cultural. No obtuvo el respaldo de PSOE, IU y concejal no adscrito, pese a que
el secretario informó que se trataba del trámite “más coherente”. Por último,
se aprobó por unanimidad el Plan de Igualdad del Ayuntamiento, paralizado desde
2007. El alcalde recalcó que “este es, sin duda, un logro de todos”.
Almonte. Viernes, 10 de octubre de 2014.
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