Las
discrepancias en el voto en el seno del Grupo Municipal Socialista obligaron a
repetir la votación
El Pleno de la
corporación ha aprobado, con los votos de PP e IU, la nulidad del contrato de
servicios de colaboración para la gestión de los expedientes sancionadores por
infracción de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial
del Ayuntamiento adjudicado a la empresa Iddiam Sistemas S.L., por acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2011, una de las últimas
decisiones del anterior equipo socialista.
La votación resultó
especialmente llamativa, puesto que Alberto Mondaca (no adscrito) y Francisco
Oliva (PSOE), votaron en contra; seis concejales socialistas se abstuvieron
mano alzada, otros dos del PSOE no votaron siquiera (Francisco Bella y Dolores
Rodríguez) -aunque cuenta como abstención- y una concejala socialista más,
Rafaela Martínez Faraco, se había ausentado previamente del pleno. Este hecho
obligó a repetirla para clarificar los diferentes posicionamientos.
El pasado 23 de
diciembre, el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó a favor de los
argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento, regido ahora por el PP. Por tanto, el
Pleno ha cumplimentado el trámite de declarar la nulidad del contrato de las
“multas” y nombrar a quienes defenderán los intereses del Consistorio. En el
dictamen del Consultivo quedó reflejado que la empresa concesionaria no tenía objeto
social ni el Ayuntamiento disponía de partida presupuestaria para ejecutar el
contrato.
Se abre por tanto la
posibilidad de resolverlo, aunque el conflicto se dilucidará previsiblemente en
los tribunales. En cualquier caso, tal y como trasladó el alcalde de la
localidad, José Antonio Domínguez Iglesias (PP), “solo prospera el 0,8 % de los
recursos que se ponen contra el dictamen del Consejo Consultivo. El
Ayuntamiento tiene más del 99 % de posibilidades de ganar, así que hay que
preguntarse qué defienden otros concejales que se sientan en este Pleno”.
Con la decisión, se
busca volver a la situación anterior a la nulidad cometida, “con la posibilidad
de que la gestión de las multas vuelva a ser competencia del Ayuntamiento”,
comentó el alcalde. En este sentido, explicó que “al carecer la empresa Iddiam
de objeto social en el momento de la concesión, no podría tener beneficio
económico ni en los dos próximos años -cuando expira el contrato- ni hacia
atrás, por lo que tendría que devolver al Ayuntamiento el desembolso obtenido
tras liquidar los gastos por su funcionamiento”. Se estima que los ingresos
brutos anuales han sido de 500.000 euros.
El PSOE intentó hasta
el último momento dejar sobre la mesa el punto. El portavoz José Villa esgrimió
que no podían tomar una decisión “sin un informe jurídico y económico, para confirmar
que no se trata de una cacería política”. El portavoz de IU, Daniel Martínez,
recordó que “el primer paso es el nombramiento del alcalde, que es quien tendrá
que recabar la documentación, y no al revés. Llama la atención como PSOE y no
adscrito están defendiendo los intereses de la empresa, cuando deberían
posicionarse a favor de los intereses generales en un contrato como este que es
además gravoso para las arcas municipales”.
Por su parte, el
alcalde rechazó las argumentaciones del PSOE, “ya que los informes están en el
expediente que se dirigió al Consejo Consultivo”. Argumentó que los plazos para
resolver el contrato están muy limitados –se reducen a tres meses- por lo que
no cabe aplazamiento alguno”.
Domínguez Iglesias también
aludió al término “cacería política”, recordando que “aquí se trata solo de
votar para ratificar la nulidad de un contrato que se ha demostrado que es
nulo. El único que tiene una querella criminal por defender los intereses del
Ayuntamiento, es decir de todos los ciudadanos, soy yo. Me la ha puesto este
empresario por destapar las irregularidades halladas”. Domínguez Iglesias fue
más allá, al hacer públicas “las presiones que ha recibido el Consejo Consultivo
de Andalucía a la hora de tomar su decisión”.
Trayectoria
de la nulidad
El pleno de octubre
aprobó –de nuevo con los votos de PP e IU- iniciar la revisión del contrato de
las multas con Iddiam, tras otro dictamen del Consejo Consultivo. Entonces, los
concejales socialistas se abstuvieron, ya que un voto negativo y contra la
decisión del órgano que vela por los intereses de las administraciones públicas
podría haber sido causa de infracción judicial. De este modo, el PSOE abandonó
la estrategia empleada durante la legislatura de vetar la revisión del
contrato, mantenida con la ayuda del tránsfuga Alberto Mondaca.
Según el portavoz
popular, José Joaquín de la Torre, “la nulidad del contrato de las multas es la
punta del iceberg del modo de proceder del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte. El
actual contrato resulta además dañino para los intereses municipales: de cada
100 euros, 76 iban para la empresa y 24 para el Ayuntamiento, que debe pagar el
personal, los equipos y el mantenimiento de edificios”. En la última
legislatura socialista, Iddiam Sistemas obtuvo una decena de concesiones y
disponía de despacho propio en el Ayuntamiento.
Almonte. Miércoles, 15
de enero de 2014.
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