Aprobada por unanimidad
en el pleno de enero
El pleno del
Ayuntamiento de Almonte (Huelva) aprobó en la última sesión por unanimidad el
texto único refundido del documento de innovación de planeamiento número 9 del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almonte, en cumplimiento de la
resolución emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo (CPOTU), en sesión celebrada el pasado 27 de diciembre. Según recordó
el alcalde, José Antonio se trataba de un compromiso electoral -ahora cumplido-
“con centenares de familias almonteñas que no duermen tranquilas desde hace
años”.
Efectivamente, cientos
de vecinos pueden respirar aliviados después del acuerdo ratificado por el
Ayuntamiento de Almonte en su sesión de enero, referente a las durísimas
sanciones notificadas por el PSOE desde 2008 a causa de las construcciones
ilegales en suelo rústico. Se les aplicaba hasta un 300 % del valor de lo
edificado, tras la puesta en marcha del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En él, se consideraba erróneamente
todo el suelo de especial protección, al mismo nivel del Espacio Natural de
Doñana.
Ahora, la Comisión
Provincial ha aprobado la enmienda presentada por el actual equipo de gobierno
del PP, que tuvo que elaborar este trabajo desde el principio y acelerar durante
el último año para obtener las aprobaciones inicial, provisional y ahora
definitiva de la innovación. Por ello, Domínguez Iglesias elogió “el esfuerzo
de los técnicos”, y mostró su contento “por la solución dada los vecinos
afectados”.
Por su parte, la
concejala de Urbanismo, Fátima Pérez (PP), trasladó que “desde el Partido
Popular, estamos muy satisfechos con la labor realizada. Sobre todo, pensando
en los vecinos, que ya pueden respirar tranquilos porque les hemos hecho
justicia”. Alguna sanción alcanzaba los 205.000 euros. Continuó, “hemos
aplicado ya la innovación a 120 expedientes y vamos a seguir revisándolos todos,
al contrario que ustedes, que incluíais en el presupuesto anual partidas de 6
millones de euros en concepto de sanciones para engordar las cuentas y poder
gastar”, aseveró.
Según los datos
aportados y referidos a 100 expedientes, se ha pasado de un montante total de
2,7 millones de euros en concepto de sanciones aplicadas por el PSOE, a solo 364.000
euros, tras la revisión efectuada por el área ahora dirigida por el Partido
Popular. Pérez presentó el texto elaborado por los técnicos municipales que subsana
las deficiencias detectadas, tanto por su departamento como por la Oficina de
Ordenación del Territorio, perteneciente a la Delegación Territorial de la
Consejería.
Origen
del problema
Según explicó la
concejala popular, el inicio del problema se sitúa “con un PGOU aprobado por el
PSOE en 2008, que calificaba el suelo rústico de especial protección, lo que
ocasionó un enorme perjuicio a un gran número de familias de la localidad. Las
sanciones por construcciones ilegales puestas hasta la fecha pasaron entonces
de un 75 por ciento del valor de lo construido a un máximo del 300 por ciento”.
A esta decisión, siguió
–en el relato de Fátima Pérez- otra polémica decisión del equipo de gobierno
socialista: “una barrida por el campo para sancionar a más ciudadanos, teniendo
en cuenta además el color político”.
Almonte. Lunes, 13 de
enero de 2014.
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