La denuncia presentada en marzo de 2012 por la concejala
del Ayuntamiento Fátima Pérez Jiménez (PP) en calidad de presidenta del consejo
de administración de la entidad mercantil “Parque Dunar de Doñana S.L.”, por
una serie de hechos que presuntamente podían resultar delictivos, ha dado como
resultado la imputación de ocho personas en relación con el proceso de
adjudicación del contrato para la realización de la web por parte de la entidad
en el año 2006, bajo gestión socialista. Desde este lunes, están prestando
declaración en el Juzgado de La Palma del Condado.
Según
las investigaciones de la Policía Judicial de Huelva solicitadas por la juez, la
concesión de la Junta de Andalucía a Parque Dunar ocultaría la generación de un
ingreso para saldar parcialmente una deuda con la empresa Demostrado S.L., subcontratada
para gestionar durante dos años (2004-2005) dicha instalación. La documentación
presentada, así como la adjudicación y justificación estarían plagadas de “irregularidades”.
De este modo, la Consejería habría concedido plazos saltándose el contrato,
falseando documentos que permitieran dar un aparente marco legal al proceso,
por un trabajo que jamás se ejecutó según los términos fijados en el concurso
público.
Entre los imputados, se encuentra su antecesora en el
cargo, la que era concejala del Ayuntamiento y presidenta del consejo de
administración de Parque Dunar desde marzo de 2004 a noviembre de 2011, y actual
edil en oposición del PSOE, Azucena León, también imputada en los casos “campo
de golf” y “Dehesa Santa María”. La entonces directora general de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) Rosario Pintos, actualmente
coordinadora general de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Del
mismo modo, dos altos cargos de esta Consejería: R.P.M. –entonces jefe de
servicio de Fomentos en Espacios Naturales de la Consejería y ahora secretario
general del delegado provincial de Turismo de la Junta en Córdoba- y F.M.V., jefe
de servicio de Coordinación y Gestión de la Consejería de Medio Ambiente, aún
en el cargo.
También
la ex jefa de la sección administrativa del departamento (E.L.S.), en la
actualidad jubilada; dos antiguos representantes de la Fundación Doñana 21 y
Parque Dunar: M.G.R. –director en aquel tiempo de esta última y miembro del
Consejo de Administración en ambas entidades, y ahora delegado regional de Red
Eléctrica Española en Andalucía- y J.C.F., entonces director adjunto de Doñana
21 y vocal en el consejo de administración en Parque Dunar, en la actualidad
consultor. Por último, el consejero de la entidad Demostrado S.L. que presuntamente
cobró la deuda (J.R.S), y director general de la entidad mercantil INGENIAqed
S.A., de la que es filial aquella.
Según el Equipo de Delitos Económicos, pudieron cometerse
los siguientes ilícitos penales: falsedad de documentos oficiales y privados,
prevaricación de la autoridad o funcionario público, tráfico de influencias,
malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. El origen de la
investigación se encuentra en un correo remitido en enero de 2011 al gerente de
la entidad pública, en el que el responsable de Demostrado S.L. recuerda una
deuda de 90.000 euros y el acuerdo consistente en la puesta en marcha de tres
expedientes con el fin de saldarla: con Parque Dunar, Doñana 21 y la Consejería,
a razón de 30.000 euros cada uno, y recordando que solo ha llegado “a buen
puerto” este último.
La
investigación
Según la investigación de la Guardia Civil, Azucena León
informa en el consejo de administración de la sociedad celebrado en junio de
2005 acerca de la reunión mantenida con la dirección de Demostrado, en la que
se aprueba para ese año un presupuesto con pérdidas de 62.943 euros. En la
primera mitad de 2006 y desde la Consejería, se inicia un proyecto de página
web sobre el Parque Dunar. La directora de la RENPA, Rosario Pintos, resuelve
la contratación de una empresa para su elaboración.
Según la hipótesis de la Policía Judicial, se perfila un
contrato “con la intención de encargarlo finalmente a Parque Dunar, disfrazando
de procedimiento negociado una adjudicación directa”. De otro lado, se busca
que el importe no supere los 30.050,61 euros para que el método de contratación
sea el de “negociado sin publicidad”. En la dirección técnica del proyecto se
incluye a un representante del servicio de informática que nunca aparecerá, “ya
que si hubiese participado no podría dar su visto bueno sin cometer un ilícito
penal”.
La asesoría jurídica de la Consejería advierte de la
obligación de comprobar las determinaciones técnicas del pliego y que la
empresa posea solvencia técnica y profesional, algo que -según el equipo de
investigación- “obviarán los imputados para contratar a Parque Dunar”. En el
contrato se fija una duración de cinco meses sin posibilidad de prórroga, “algo
que se incumplirá posteriormente”.
En septiembre de 2006, el director del proyecto R.P.M. propone
tres empresas como licitadoras y les da diez días para responder, “lo que
supone un tiempo inferior al de los procedimientos considerados urgentes”. Además
de a Parque Dunar, convoca a Iniciativas de Desarrollo Sostenible
–perteneciente a la Fundación Doñana 21, agencia de la propia Consejería y
poseedora del 50% de Parque Dunar-, y a una simple tienda de informática. La
primera remite un oficio de renuncia y la segunda ni siquiera participa.
Por su parte, Parque Dunar presenta dos sobres el 13 de
octubre para la adjudicación, pese a lo cual hay documentos con fecha posterior,
como la relación de personas participantes en el proyecto y la copia compulsada
del único informático que consta en el mismo (25 de octubre). Este ni siquiera
pertenecía a la sociedad y sí a la Fundación Doñana 21. Una inclusión que al
parecer desconocía hasta que se iniciaron las pesquisas. La documentación
presentada no incluye propuesta metodológica sino que se entrega el pliego de
prescripciones técnicas, al parecer, “facilitado por la propia Consejería”.
La apertura de sobres tiene lugar el 24 de octubre: El
acta da a entender que se presentan dos ofertas, ambas correctas, lo que no es
sino un “formalismo” -a juicio de la Guardia Civil en su hipótesis- “para
otorgar el contrato a Parque Dunar”. Se obvian además las deficiencias de la
oferta, como la falta de un informático o la no acreditación de servicios
similares realizados con anterioridad. Por su parte, el acta de negociación
entre Consejería y empresa resultaría falsa, “por cuanto se ha incumplido el
pliego de prescripciones técnicas y Parque Dunar afirma tener suficiente grado
de conocimiento para ejecutar el servicio”, lo cual resultaba incierto.
El contrato lo firman el 13 de diciembre Rosario Pintos y
Azucena León. El punto tercero establece un plazo de ejecución de cinco meses
sin posibilidad de demora. Por lo que sucede a continuación y según las
diligencias, los investigadores deducen que la directora de la RENPA “participó
de forma consciente en la ilícita adjudicación del contrato”. El 2 de mayo de
2007, la Consejería registra una prórroga solicitada por Parque Dunar, que la
directora de la RENPA resuelve positivamente hasta el 5 de julio. Para ello, esta
“aduce argumentos propios de una subvención y no de un contrato de servicios”.
Hechos
más graves
El 27 de septiembre, Parque Dunar emite la factura de
30.000 euros, aunque según un informe en poder de los investigadores, la
elaboración de los trabajos había concluido en mayo. Sin embargo, ambos
documentos quedan sin registrar, debido a que el plazo había expirado sin
advertirlo antes las partes. Esto motiva una cadena de irregularidades según la
Policía Judicial, comenzando por la petición a Parque Dunar de una nueva
prórroga con fecha 20 de junio, más una nueva factura, lo que se cumplimenta el
27 de noviembre. El sello de registro en Consejería es del día 29 de ese mes.
Además, puesto que el director del proyecto había
cambiado de destino, Rosario Pintos y un jefe de servicio de la Consejería de Medio
Ambiente, F.M.V., “proceden a falsear una serie de actos administrativos como
si estos hubiesen tenido lugar en junio de 2007”. El primer lugar, un cambio de
director el día 15 de aquel mes a favor de este último, cinco días antes de la
petición de la nueva prórroga ficticia, aunque en realidad las fechas se miden
mal. A continuación, el día 21, otro documento por el cual el nuevo director
informa de una nueva prórroga –inexacta, ya que había vencido el 5 de julio- desde
el 3 de agosto al 3 de diciembre, “con el fin de presentar la factura y el
informe a tiempo”, siempre según las conclusiones de la Guardia Civil.
Siguiendo esta hipótesis, Rosario Pintos falsea también la
resolución de la prórroga el mismo 21 de junio, dando un plazo de cinco meses y
fecha de vencimiento el 5 de diciembre. Sus argumentos para justificarla “son arbitrarios,
puesto que manifiesta que las causas que la han originado son ajenas a la
empresa, cuando esta ha alegado la sobrecarga de trabajo en verano”, un hecho
previsible. Por su parte, hasta el 14 de febrero de 2008 no se registran las
facturas y el informe sobre los contenidos. Por último, el director no
certifica la realización del proyecto hasta el 18 de marzo.
Esta certificación es falsa en opinión de los
investigadores, ya que el pliego de prescripciones técnicas señalaba que había
que entregar “tres cds y tres copias del informe, algo que se incumplió”.
Además, ni se realizó el diseño de la página web ni se siguió la metodología y,
por tanto, tampoco se integró en la página de la Consejería de Medio Ambiente
como se había acordado. Como último dato relevante, el 23 de mayo de 2013
–fecha en la que los instructores del caso solicitan la documentación- se
realiza por parte de la Consejería la captura de la certificación del pago, “lo
que significa que el documento no figuraba hasta ese momento en el expediente”.
Según
la investigación, Rosario Pintos ejecutó el documento contable de pago “consciente
de las irregularidades”, y permitiendo que Parque Dunar ingresara los 30.000
euros, que tenían como verdadero destino final abonar una factura falsa de
Demostrado S.L. La orden de pago se efectúa el 30 de julio de 2008, firmando
los representantes que sostenían la sociedad Parque Dunar al 50 por ciento:
J.C.F por la Fundación Doñana 21 y Azucena León en nombre del Ayuntamiento.
Prensalmonte. Lunes, 7 de
octubre de 2013.
