La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Rural ha servido de sede a la reunión mantenida por el viceconsejero Juan Antonio Cortecero, con el fin de abordar los problemas que acucian al sector de la coquina. A la cita han acudido, además del representante del Ayuntamiento almonteño, José Joaquín de la Torre (PP), alcaldes y concejales de los municipios de Pilas, Villamanrique, Hinojos y Carrión, que cuentan con vecinos que desarrollan esta labor en la costa oriental onubense.
Al término del encuentro, el portavoz popular en el Ayuntamiento de Almonte ha comunicado que, “en primer lugar, reiteramos nuestro apoyo al colectivo de coquineros, que están atravesando una situación muy penosa, puesto que han trabajado un solo mes en el último medio año. Además, las ayudas europeas a las que pueden acogerse tienen la premisa de que debe estar cerrado todo el caladero onubense durante 21 días, algo que es verdaderamente difícil que se produzca”.
En este sentido, ha adelantado que “el Grupo Popular va a llevar una iniciativa al Parlamento Andaluz para que se busquen soluciones a esta situación, de manera que la administración autonómica pueda echar una mano a los mariscadores modificando el sistema de ayudas. De la Torre recordó que “la consejera ha informado recientemente en sentido negativo sobre la posibilidad de establecer ayudas directas, por lo que hay que buscar una alternativa”.
El portavoz comento que “una de las peticiones de los coquineros pasa por sustituir los análisis biológicos y por otros de carácter químico”. En este sentido, De la Torre ha trasladado que, “aunque el cambio de método en la detección de toxinas debe estar operativo para el 1 de enero del próximo año en el laboratorio autorizado que se encuentra en Cartaya, los responsables de la Junta han mostrado su interés por adelantarlo en algunos meses, habida cuenta de la demanda de los profesionales”.
El portavoz popular ha dado a conocer que los representantes de la Junta han informado a los alcaldes y concejales de una reciente ampliación de las sanciones para aquellos que cojan coquinas. “Desde este verano, las multas para quien realice el marisqueo ilegal ascienden de 60.000 a 600.000 euros en el caso de que el caladero está cerrado, con denuncia por la vía penal por un delito de salud pública. Con el caladero abierto, alcanzan los 3.000 euros” avanzó De la Torre.
“Nosotros somos partidarios de que, ante el aumento exponencial de las sanciones decidido por la Junta, es la administración autonómica quien debe dar a conocer estas modificaciones y realizar campañas a pie de orilla, con el objetivo de informar a los bañistas y trasladarles el régimen disciplinario actual. Hablamos de un potencial problema de salud con unas importantísimas repercusiones económicas”, ha añadido.
De otro lado, el concejal popular ha recordado que en la reunión se ha solicitado a la Junta que ponga en servicio el Centro de Expedición de la Coquina presente en el Parque Dunar de Matalascañas, con el objetivo de reabrirlo para actuar contra el furtivismo y las tallas de los bivalvos. “Lamentablemente, se ha desestimado por parte de los responsables de la Consejería, cuando podríamos devolver al mar a los inmaduros y contribuir a preservar el caladero”.
Almonte cuenta con 23 coquineros con licencia y dados de alta como autónomos. Por su parte, el caladero de Doñana lleva más de sesenta días cerrado por la toxina natural DSP, por lo que el sector que faena en esta zona apenas ha trabajado un diez por ciento que en anteriores campañas. En el pasado pleno de julio y por urgencia, el Ayuntamiento de Almonte aprobó por unanimidad una moción del Grupo Municipal Popular de apoyo al sector.
Almonte. Viernes, 18 de julio de 2014.
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