El
coste pasó de 43 a 1.470 euros diarios, mediante cuatro modificaciones del
contrato inicial aprobadas de urgencia en Junta de Gobierno, y sin pasar por el
control de la oposición.
Los servicios jurídicos
del Ayuntamiento de Almonte, a petición del alcalde José Antonio Domínguez
Iglesias (PP), han emitido un informe favorable sobre la nulidad de la
concesión de la Planta de Reciclaje de Escombros a la empresa Aproindo, que
tuvo lugar en 2003. El canon fue fijado inicialmente en 240.404 euros (16.000
por año), y mejorado hasta en cuatro ocasiones en Junta Local de Gobierno por
el procedimiento de urgencia, es decir, sin incluirlo en el orden del día y por
tanto sin fiscalización por parte de la oposición. Finalmente, la entidad logró
un convenio de 16,2 millones de euros pagaderos en treinta años (536.000
anuales), o lo que es lo mismo: el equipo de gobierno socialista incrementó la
concesión en un 3.350 %, pasando a abonar de 43 euros al día al inicio, a 1.470
en la actualidad, y con previsión de hacerlo hasta el año 2033.
Hace algo más de una
década, la Junta ordenó a los ayuntamientos la puesta en marcha de plantas de
reciclaje. En Almonte, se publicó un pliego de cláusulas administrativas el 10
de abril de 2003. Claramente constaba que el contrato sería de 15 años
(pudiendo ser prorrogado por dos periodos anuales), “ejecutado a riesgo del
adjudicatario”, y por un precio de 240.404 euros. Por último, señalaba que, “cuando
por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse, se resolverá el
mismo”.
Aproindo resultó
elegida tras la Comisión Técnica celebrada el 21 de julio de 2003. Contó con la
presencia de dos concejales del equipo socialista: Antonio García Rebollo y
Azucena León (esta actualmente procesada por el caso del campo de golf de
Matalascañas e imputada por los casos de la web del Parque Dunar y la Dehesa
Santa María). Compareció también el interventor accidental del Ayuntamiento,
Juan Adolfo Arangüete Asuar (imputado por los casos Dehesa Santa María y
Polígono Industrial Doñana). Sin embargo, no acudieron ni el arquitecto ni el
ingeniero técnico industrial municipal.
El 27 de julio, la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento adjudica la planta a Aproindo, y la
escritura de 1 de agosto recoge como canon los 240.404 euros. Sin embargo, se produce
la primera “mejora” el 28 del mismo mes, a raíz de un informe del día 11 del
secretario, J. P. A., quien certifica que tal cantidad es “anual”. Así se
modifica en una nueva escritura que firma el ex alcalde, Francisco Bella.
El inicio para la
segunda “mejora” del contrato -10 de septiembre- es un escrito dirigido al
Ayuntamiento y firmado por el responsable de Aproindo en el que solicita la
ampliación de la parcela de 29.100 a 60.400 metros cuadrados. Otra petición se
basa en “mantener el equilibrio financiero de la inversión”, que ha variado de
600.000 a 1.954.780 euros, por lo que “solicita la ampliación de la concesión a
30 años”. A esta petición no le acompaña ningún informe técnico.
El 1 de octubre, el
secretario en funciones Juan Adolfo Arangüete trata sobre la posibilidad de
modificar del contrato, copiando textualmente la respuesta de la revista “El
Consultor de los Ayuntamientos”. Dos
días después, la Comisión de Gobierno –por vía de urgencia-, procede a
ratificar las mejoras. La justificación y cálculos aportados por el concejal de
Medio Ambiente –el interés público-, son los mismos que aparecen en el escrito
del responsable de Aproindo de 10 de septiembre.
Más
mejoras
El 29 de junio de 2005,
el encargado de la concesionaria presenta un nuevo escrito solicitando fijar la
cantidad de material reciclado que la empresa debía entregar al Ayuntamiento en
8.000 toneladas por año no acumulables, cuando en las bases era “ilimitado”. De
nuevo, no consta la presentación de informe alguno.
El técnico municipal de
Medio Ambiente, J. J. V. P. –funcionario desde 2010 y esposo de la actual
parlamentaria andaluza y concejala en oposición del PSOE, Rocío Rodríguez- realiza
un informe el 18 de julio en el que “por un incremento no previsto en la
gestión”, corrobora la petición del empresario, pero no consta la elaboración
de un informe en el que se defiendan los intereses municipales ni se justifique
el pronunciamiento favorable. La Junta de Gobierno Local de 7 de julio de 2005
–de nuevo, por urgencia- modifica el contrato.
La cuarta mejora se
produce a partir del 7 de marzo de 2007, de nuevo, por el mismo procedimiento.
Escrito del responsable de Aproindo al Ayuntamiento en el que argumenta que
solicitó el 10 de enero de aquel año, “la actualización del canon… como
consecuencia de las graves pérdidas”. Pide además que se le aplique con
carácter retroactivo. Sin embargo, ese primer documento no aparece. Sí adjunta
en esta oportunidad un estudio –sin firma de un técnico- en el que expone que,
tras dos años de explotación de la planta, tiene “un déficit mensual de 28.648
euros”. Por lo que pide, como compensación, que el canon de 2007 ascienda 47.740
euros.
De nuevo, el técnico de
Medio Ambiente J. J. V. P secunda la petición avalando que los cálculos de
producción de residuos se hicieron sobre 90.000 toneladas –dato que no aparece
en la documentación y superior al marcado por la legislación andaluza que
establecía 6 kilos por habitante y día y no los 9-10 estimados-. Finalmente,
califica “de interés público” la modificación del contrato y que se incluya la
gestión de los residuos plásticos.
Para ello, se apoya en
los cálculos “del estudio financiero de viabilidad”, cuyos datos no aporta ni
consta siquiera su existencia. Sí se tienen en cuenta los del estudio de la
empresa adjudicataria, por lo que queda una vez más en entredicho su informe por
el evidente beneficio particular que obtiene el empresario. En la misma línea, el
secretario accidental generaliza sobre la posibilidad de modificar los
contratos en su informe de 21 de marzo, sin hablar de este en concreto. En
cambio, el interventor accidental indica que hay que justificar el
desequilibrio en razón al interés público, puesto que hay que realizar una
modificación de crédito –los presupuestos ya han sido aprobados-.
El estudio jurídico dice
textualmente: “parece acreditado” que hay razones de interés público. Por lo
tanto, no lo justifica con claridad. Finalmente y a propuesta del concejal de
Medio Ambiente, el 22 de marzo, la Junta de Gobierno Local acuerda –por la vía
de urgencia- el nuevo canon mensual de 45.350 euros con carácter retroactivo. Se
abre la posibilidad de poder recoger y cobrar por residuos de otros municipios,
y de gestionar los plásticos agrícolas.
El aumento del canon
obligó al Ayuntamiento a aprobar un crédito extraordinario. Un decreto firmado por
Francisco Bella el 28 de marzo dio curso a la modificación presupuestaria. La
partida a suplementar fue de 217.726 euros. Tras emitir la memoria
justificativa, el informe del interventor y el certificado del secretario al
día siguiente, el pleno de 10 de abril aprobó la concesión del crédito. Desde entonces,
el canon anual ha ascendido a 536.000 euros.
Almonte. Miércoles, 5
de febrero de 2014.
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